Imagina que eres un proveedor de materiales para elecciones y, de un momento a otro, te conviertes en el administrador encargado de manejar el dinero de todo el Instituto Nacional Electoral (INE). No es el guion de una película, es la realidad que rodea a Jesús Octavio García González, quien pasó de ser representante legal de empresas contratistas a controlar una caja chica de 14 mil millones de pesos. Una investigación destapó un esquema de favores donde funcionarios del instituto repartieron más de 113 millones de pesos a empresas que, curiosamente, estaban vinculadas al hoy administrador del organismo.
El centro de este entramado es García González, quien hasta hace poco movía los hilos de compañías como Cajas Graf y Corporativo Zeg. Estas empresas fueron las elegidas para recibir contratos jugosos por parte de institutos electorales locales, justo cuando quienes hoy son altos mandos del INE dirigían esas instituciones. La red se hace evidente al ver los movimientos de sus actuales colegas: en 2021, Claudia Arlett Espino, desde el Instituto Electoral de Chihuahua, le dio un contrato de más de 33 millones de pesos a Cajas Graf. Poco después, Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva en Oaxaca, firmó otro contrato por más de 32 millones de pesos para Corporativo Zeg.
La historia tiene raíces profundas en Sonora. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya conocía el trabajo de estas empresas desde su gestión en el instituto electoral local, donde en 2021 entregó a Cajas Graf un contrato por casi 47 millones de pesos. Ahora, ya en el ámbito federal, el INE bajo el mando de Taddei volvió a apostar por la misma firma, otorgándole un contrato que llega hasta los 198 millones de pesos para proveer urnas y mamparas destinadas a la elección judicial. Es decir, el mismo personaje que vendía los insumos, hoy supervisa el gasto millonario del instituto.
Lo más curioso de este caso es la rapidez con la que se dieron los cambios. Apenas seis meses después de ser proveedor, García González fue nombrado administrador del INE. Incluso, antes de llegar a ese puesto, intentó colarse en una de las consejerías del instituto, pasando por las entrevistas en la Cámara de Diputados, aunque al final no quedó en las quintetas definitivas. A pesar de todo este ruido y las críticas sobre cómo se entretejió su equipo de trabajo, Taddei ha negado rotundamente que exista un conflicto de interés. Según la consejera presidenta, todo está en orden y no hay irregularidades en haber nombrado a quienes fueron sus antiguos proveedores para gestionar el presupuesto electoral de todo el país.
